La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas  – Compliance Corporate – Corporate Defense o Plan de Prevención de delitos de las personas jurídicas

A partir del día 1 de Julio 2015, fecha de la entrada en vigor del nuevo Código penal, se modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pasan a responder directamente con penas que van desde multas a la suspensión de la actividad de la misma, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o para contratar con las Administraciones Públicas y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, intervención judicial y, en los casos de extrema gravedad, se podrá decretar la disolución de la empresa.

De estas penas responderá la empresa, a quien se le considerará autora de los delitos que comentan sus representantes legales en nombre de la empresa y los empleados en nombre también de la empresa, por supuesto con un cerrado catálogo de delitos que se amplía hasta 20 lo que supone más del triple de los actuales y que van desde corrupción entre particulares: por conceder beneficios o ventajas no justificados; cohecho: manipulación de los procesos de contratación o subastas convocadas por las diferentes Administraciones Públicas; descubrimiento y revelación de secretos: apropiación y utilización de datos de clientes, utilización indebida de los sistemas de la compañía; estafa y apropiación indebida: manipulación de información de productos y/ o servicios para la obtención de un beneficio ilícito; delitos relativos al mercado: manipulación contable o, por ejemplo, difusión de información económico financiera no veraz; delitos de blanqueo de capitales y delitos contra consumidores: alteración de precios, publicidad falsa, cláusulas abusivas: daños a bienes particulares, destrucción de datos contenidos en redes o sistemas de información de la sociedad, pero la novedad principal es la introducción de la EXIMENTE de responsabilidad consistente en la adaptación a la empresa del SISTEMA DE PREVENCION PENAL, pues si a partir de ahora a la empresa se le puede imputar de responsabilidad penal directa por aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que tienen poder de representación o que cometan sus empleados ( en nombre de la empresa) también puede Y DEBE ejercer el DEBIDO CONTROL sobre los que ostentan dicho poder de representación, empleados y colaboradores pues el hecho de no contar con estas medidas le supondría una agravación de la pena al igual que el contar con ellos supone una EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL TAL Y COMO LO DECLARA EL ARTICULO 31 BIS QUARTER DEL NUEVO CODIGO PENAL VIGENTE A PARTIR DE JULIO 2015.

Así, la empresa deberá diseñar sistemas de control adecuados a su actividad que detecten y prevengan las conductas delictivas. Se trataría de un sistema CORPORATE COMPLIANCE preventivo que actuaría como eximente; mientras que si este sistema se aplica con posterioridad a la comisión del delito, el mismo funcionaría como una atenuante.

Este modelo no es nuevo sino que podría incardinarse dentro del un Plan de Cumplimiento Normativo (“Compliance Program”), genérico e integral, bajo un sistema de administración de cumplimiento como el que recoge la reciente norma ISO19.600/2014, pues los requisitos que el Código Penal considera esenciales para que pueda entenderse que dicho modelo existe, no son diferentes de los que la propia ISO19.600 contempla en sus “Compliance Mangement System Guidelines”.

Estos sistemas son:

La creación de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del modelo de gestión implantado (la llamada “función de compliance” o “compliance officer”).

“Due diligence” o identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan cometerse los delitos.

La implantación de procedimientos sobre la adopción de decisiones en la persona jurídica.

La puesta en marcha de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos.

El establecimiento de canales de comunicación –las llamadas “líneas éticas” o en inglés “Whistle blowing”- que permitan informar sobre riesgos o incumplimientos.

El establecimiento de un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de los sistemas de control; este sistema disciplinario hay que ponerlo en correlación con la legislación laboral actual, esperando a la futura.

La verificación periódica del modelo y su eventual modificación cuando se produzcan cambios en la organización.

Así mi consejo es:

  1. Verificar las pólizas de responsabilidad civil actuales que existen en la empresa por si alguna de ellas pueda ser ampliada o deban ser canceladas por unas responsabilidades civiles y penales nuevas y actualizadas al nuevo marco jurídico que va a comenzar.
  2. Caso de implantar en la empresa una nueva normativa de control interno, contemplar esta modificación y más aún si se está pensando en incorporar normas de calidad ISO.
  3. Si ninguna de estas opciones nos sirven en una primera adaptación a la norma completar las mismas con unas pólizas y sistemas de control nuevos, con los que os pondría en contacto.

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